(420-D-2017) Cupo Laboral para Personas con Discapacidad

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

 

Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicita al Poder Ejecutivo que informe, a través de los organismos correspondientes y en un plazo máximo de 30 (treinta) días de recibida la presente, los siguientes puntos respecto del cumplimiento de la ley 1502 de Cupo Laboral para Personas con Discapacidad:

 

  1. A) Informe la cantidad total de empleados de cada ministerio y el porcentaje de empleados con discapacidad que se desempeña en cada uno de ellos.

 

  1. B) Informe la cantidad total de empleados y el porcentaje de empleados con discapacidad que se desempeñan actualmente en todas las empresas y sociedades del Estado, según la información que conste en el registro creado por dichas empresas en cumplimiento del artículo 12 de la ley 1502.

 

  1. C) Indique la cantidad total de empleados y el porcentaje de empleados con discapacidad que se desempeñan actualmente en las empresas concesionadas por el Estado, según la información que conste en el registro creado por dichas empresas en cumplimiento del artículo 12 de la ley 1502.

 

 

 

Artículo 2.  °.- Comuníquese, etc.

 

 

 

 

Señor Presidente:

 

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país en 2008 por la Ley N° 26.378, indica en su artículo 27 que “los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad”. Con ese fin, “los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables, y emplear a personas con discapacidad en el sector público”[1].

A fines de 2012, al haberse cumplido dos años del plazo previsto por la Ley N° 3230, datos obtenidos a través de un pedido de informes realizado por esta Legislatura (Resolución 224-2012) arrojaron que los únicos dos organismos de la Ciudad que poseían un cinco por ciento de trabajadores con discapacidad eran la Procuración General y el Ministerio de Educación. En tanto, en septiembre de 2013, según una respuesta a un pedido de información pública realizado por una de mis asesoras, se sumaron a las dependencias ya mencionadas Obligaciones a cargo del Tesoro, la Secretaría de Comunicación Social, la Secretaría General y la Unidad de Coordinación del Plan Estratégico, alcanzando un total en todas las Dependencias del Poder Ejecutivo de un 4,11%. Esto muestra que, al menos hasta septiembre de 2013, la ley 1502 no se cumplía en su totalidad en el Poder Ejecutivo.

Además, vale destacar que la norma citada prevé también el cumplimiento del cupo del 5 por ciento en “las empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades, siempre que no se cumpla con el cupo del cinco (5) por ciento”. A su vez, establece que “en todo contrato de concesión de servicios, de transferencia de actividades del Estado al sector privado, o de renovación y/o modificación de los vigentes se deberán establecer cláusulas que dispongan el cumplimiento y modalidad de control de aplicación de la presente Ley”.

Por tal motivo, resulta fundamental conocer qué grado de cumplimiento de la ley ejercen las empresas antes mencionadas. Vale señalar, además, que en el artículo 12 de la norma se obliga a todas las entidades contempladas en ella a “elaborar, en el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la publicación de la presente Ley, un Registro de Trabajadores con Necesidades Especiales, con el objeto de establecer el grado de cumplimiento del cupo del cinco (5) por ciento”.

Asimismo, el artículo 43 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que “La Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura un cupo del cinco por ciento del personal para las personas con necesidades especiales, con incorporación gradual en la forma que la ley determine”. Para dar cumplimiento a este artículo, el 21 de octubre de 2004 esta Legislatura sancionó la Ley N° 1502, que regula la incorporación en un cupo no inferior al cinco por ciento de personas con discapacidad al sector público de la Ciudad. Esta Ley prevé que la incorporación se efectúe de forma gradual, en un plazo de cinco años a partir de su sanción.

El 15 de octubre de 2009, año en el que vencía el plazo dispuesto por la Ley N° 1502, la Legislatura sancionó la Ley N° 3230, que prorrogó por el término de un año dicho vencimiento.

Sabemos y reconocemos que desde el Poder Ejecutivo se están tomando medidas para cumplir con la mencionada normativa, según lo informado a la Comisión de Políticas de Promoción e Integración Social de esta Legislatura por la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (Copidis). Entre ellas se destacan la creación en 2012 de la Gerencia Operativa de Aspirantes a Empleo Público, destinada a mantener actualizado el registro de personas con discapacidad que aspiren a tener un empleo en todos los organismos alcanzados por la ley 1502. Asimismo, entre 2012 y el primer trimestre de 2014 Copidis informó una gran cantidad de inclusiones laborales de personas con discapacidad.

De todos modos, nos resulta imprescindible conocer el porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran trabajando en las distintas entidades alcanzadas por la ley.

 Por todas las razones expuestas, solicito al cuerpo la aprobación del presente proyecto de resolución.

 

1 http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf